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203 - Comunidades de la montaña de Guerrero en rechazo de la minería en sus territorios - MÉXICO Búsqueda [ ]

 

Datos generales

Comunidades de la montaña de Guerrero en rechazo de la minería en sus territorios
MÉXICO
Norteamérica
361,617 *1
236,399
Rural
1.Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero.
1.Convenio 169 de la OIT
2.- Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Centro Tlachinollan de Derechos Humanos
Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica por la Defensa del Territorio.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
2018
 

Ubicación

 

Dinámica del conflicto

Comunidades de la montaña de Guerrero en rechazo de la minería en sus territorios/ Policía comunitaria en defensa del territorio frente a compañías mineras
Guerrero
A partir de noviembre del 2010, un nuevo tipo de amenaza apareció en el horizonte del territorio comunitario ante la presencia de empresas mineras que pretenden implantarse en la región, luego de que la Secretaría de Economía a nivel federal otorgara once concesiones en la región sin conocimiento previo, libre e informado de sus habitantes.
Por tal razón en 2011, la CRAC-PC encabezó la defensa en territorio comunitario por el control de los recursos naturales contra el asedio por parte de empresas mineras; luego, acompañó la lucha contra el intento por parte del Gobierno del Estado de Guerrero de imponer una "Reserva de la Biósfera" en la región, maniobra que implicaba un incremento de poder gubernamental en el territorio, orientada a favorecer paradójicamente las iniciativas de minería a tajo abierto y, en últimas fechas, precisamente como efecto de estas luchas, enfrenta el permanente acoso de los dispositivos de poder del Estado. si la inseguridad en la región fue el móvil que dio origen a la Policía Comunitaria, una constante que ha caracterizado su trayectoria de más de 18 años, es su inscripción permanente en nuevas luchas y derroteros que no se circunscriben al ámbito de la seguridad y que amplían el sentido de lo que se entiende por defensa del territorio *2
1.Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC) 2.-Hochschild Mining 3.-Secretaría de Energía 4.-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5.-Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
1.- Territorio
1.- Cancelación de las concesiones mineras. 2.- La elaboración de procesos de consulta 3.Garantizar los derechos al territorio 4. Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.
Uso de recursos naturales
Hostigamiento a los integrantes de la CRAC-PC
Hochschild Mining, CAMSIM Minas S.A. de C.V. y Grupo Minero Goliat S.A. de C.V.
Los pueblos enfrentan a compañías transnacionales y al Estado mexicano que, en la Montaña y Costa Chica, ha otorgado 44 concesiones mineras en 200 mil hectáreas de territorio ocupado por comunidades indígenas y campesinas, que en ningún caso han sido informadas ni consultadas sobre los proyectos extractivos en sus tierras y territorios. Tres grandes concesiones afectan a la Montaña: La Diana-San Javier y Toro Rojo en la parte oriental, y Corazón de Tinieblas en la parte occidental. En el primer caso, es activo un proyecto de explotación minera impulsado por la canadiense CamSim sobre una concesión de 15 mil hectáreas, mientras Toro Rojo incluye nueve mil concesionadas hasta 2059. La concesión de 50 mil hectáreas llamada Corazón de Tinieblas cubre los núcleos agrarios de Totomixtlahuaca, Acatepec, Tenamazapa, Pascala del Oro, Iliatenco, Tierra Colorada, Tilapa, Colombia Guadalupe y San Miguel El Progreso. Esta concesión fue otorgada a la inglesa Hochschild Mining, que abandonó el proyecto en 2016 tras enfrentar un juicio promovido por la comunidad de San Miguel El Progreso.*7 El Gobierno Federal ha otorgado alrededor de 38 concesiones por 50 años para que diversas empresas realicen actividades de exploración y explotación minera en la región de la Montaña, sin tomar en cuenta los derechos de los pueblosindígenas Naua, Me’phaa y Na Savi. Los campesinos e indígenas de la Montaña no sólo han resistido la invasión de las empresas mineras, también han resistido la imposición de un proyecto de conservación biológica (Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Montaña de Guerrero) que no los tomó en cuenta y resultó ser otra forma de despojarlos de su territorio. En este caso, podemos ver cómo el Estado a partir de las instancias destinadas a realizar tareas de "desarrollo sustentable" y "conservación biológica" busca modificar la relación de los pueblos con su territorio, e incluso reducir su capacidad de gestión y decisión sobre el mismo. Peor aún, crea instrumentos para la conservación de la biodiversidad del país bajo una legislación ambigua que permite que actividades tan destructivas como la minería a cielo abierto coincidan con territorios que se deben destinar a la conservación por la importancia de sus características físicas y biológicas. Los indígenas Me’phaa siguen luchando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que le Ley Minera es inconstitucional e incompatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) que protege las derechos colectivos de los pueblos indios.
Violencia silenciosa o en complicidad
Derecho a la consulta previa, libre e informada. derecho a determinar sus prioridades de desarrollo; derecho a la planeación, utilización, administración y conservación colectiva de los recursos naturales existentes en su territorio, derecho colectivo a la propiedad territorial indígena
 

Intensificación del conflicto

Nahua, Me’phaa y Na Savi.
Gestación: "En el contexto de una política de Estado que impulsa activamente un modelo económico neo-extractivista, la Secretaría de Economía ha otorgado en el estado de Guerrero -hasta el año 2010-, 535 concesiones mineras, las cuales abarcan el 9.66% de la superficie estatal (SE, 2010:9, PED 2011-2017).*3 En noviembre de 2010, se detectó la presencia de helicópteros sobrevolando la zona de la Montaña en las comunidades de Acatepec, Iliatenco, Tlacoapa y San Luis Acatlán. Éstas llevaban consigo largos tubos y volaron a muy baja altura, lo que alertó a la gente de las comunidades, que de inmediato dieron aviso a las autoridades comunitarias, a las comandancias y casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC–PC). Poco después, se presentaron representantes de la empresa CamSim Minas a la casa de justicia de San Luis Acatlán (CRAC) para solicitar que la policía resguardará su equipo y sus vehículos, situación que ocasionó dudas. La CRAC se dio cuenta que era gente de una empresa privada, que llevaba consigo un oficio donde se informaba a la CRAC que estarían explorando el territorio comunitario, ya que contaban con la autorización de los gobiernos estatal y federal en torno a una concesión minera llamada La Diana, una de las que se registran sobre el territorio comunitario.Estas concesiones habían sido otorgadas sin consultar a los pueblos indígenas que han habitado históricamente la región. 2.-Maduración: En el 2011 empiezan los ataques en contra de los comuneros y ejidatarios por parte del ejército Mexicano, siendo ejemplar el caso de la detención del coordinador de la CRAC "Agustín Barrera Cosme", además de la instalación de puestos de vigilancia estratégica. No permitiremos la instalación de las minas en nuestros territorios. Los gobiernos federal, estatal y municipales deben garantizarnos y hacer efectivo el derecho a la consulta. Tenemos el derecho histórico y preferente al uso y preservación de nuestras tierras y territorios. Nuestra lucha es por la vida. Las minas significan muerte". (Boletín CRAC-PC, 21 de agosto, 2011).*6
El primer periodo de resistencia consiste principalmente en la difusión del problema, en informar a todas las comunidades posibles de lo que ocurría y anticiparse de la visita de representantes de las mineras, así como dar a conocer las consecuencias de la minería y sus implicaciones. Para ello se efectuaron asambleas informativas, se hicieron pintas en los principales caminos de la Montaña y brigadas de difusión. También se realizaron algunas movilizaciones al Zócalo de Chilpancingo, donde junto con otras demandas propias de la CRAC-PC se exigió la cancelación de las concesiones mineras en la Costa-Montaña y Montaña. El eje central de esta primer etapa fue la campaña "A corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra" que lanzó la CRAC junto con algunas ONG´s, radios comunitarias y medios libres, donde difundieron en toda la Montaña y a nivel nacional la problemática con las concesiones mineras.
Una de las acciones inmediatas que fueron tomadas en respuesta a la entrada de las mineras, y que se realizó con el apoyo de Tlachinollan, fue levantar las actas de las asambleas donde se rechazó la actividad minera en las comunidades, para posteriormente registrarlas en el Registro Agrario Nacional (RAN). el 11 de diciembre de 2015 la Comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso interpuso una segunda demanda de amparo contra la expedición de la Declaratoria por violentar su derecho colectivo a la Consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos en el artículo 1 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13,15 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos En 2017 las autoridades de la comunidad Me´phaa, en compañía de representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, pidieron a Estela Platero Salado, titular del Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial, "que resuelva el amparo 429/2016 conforme a los más altos estándares internacionales en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas".
En un comunicado de prensa, Tlachinollan informó que dicho amparo es la segunda acción legal que los indígenas afectados "presentan ante la justicia federal para proteger su territorio y vida frente a la amenaza minera".
La CRAC-PC y el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio buscarán articularse para garantizar que las tierras, el cielo, el aire, el agua, la flora, la fauna, los minerales y los lugares sagrados, sigan estando en manos de los pueblos.
 

Negociación del conflicto

Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan
El primer amparo contra las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal, les fue concedido el 12 de febrero de 2014 en una sentencia histórica, obviamente impugnada por las empresas, por lo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su momento tuvo que sobreseer el amparo ante la maniobra estratégica de las empresas mineras que se desistieron de sus títulos de concesión para evitar que la Corte suprema analizará la inconstitucionalidad y la inconveniencia de la ley minera, con lo cual se sentaría una jurisprudencia. Esto motivó a que en noviembre de 2015 la Secretaría de Economía publicará en el Diario Oficial de la Federación la "Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015" con la que declaraba libres los terrenos que legalmente amparaban los lotes mineros "Reducción Norte de Corazón de Tinieblas" y "Corazón de Tinieblas", con el fin de otorgar nuevamente las concesiones mineras a las que habían renunciado, sobre el territorio de San Miguel del Progreso. Frente a este acto violatorio de sus derechos, el pueblo indígena me’phaa interpuso nuevamente la solicitud de un amparo contra la violación a su derecho colectivo a la consulta, a la propiedad territorial y a la protección integral de las tierras indígenas reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales firmados por México.
El 28 de junio de 2017, la Jueza Primero de Distrito en Chilpancingo, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 En la sentencia, otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la comunidad de San Miguel del Progreso. El 30 de junio de 2017 fueron notificadas las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de la sentencia inédita dictada por la Jueza Platero Salado, en la que ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de terrenos y que, en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos el de la consulta. La resolución dictada el 28 de junio es un logro inédito y un reconocimiento a la lucha incansable y milenaria de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso y del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero en la defensa de su territorio y su vida frente a la amenaza que representa la minería a cielo abierto.
En los artículos 6º, 7º y 15 del Convenio 169 de la OIT se establece que las autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas ya sean de carácter legislativo o administrativo, susceptibles de afectarles directamente.
 

Criminalización de la protesta

Sí
Órdenes de aprehensión, Intimidaciones o amenazas
El 6 de octubre de 2013 Samuel Ramírez Gálvez fue detenido acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre de 2013 y es acusado de terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones. En 2013 se detiene a Arturo Campos líder indígena mexicano, defensor de derechos humanos y miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), denunció 11 casos de esterilizaciones forzadas a hombres indígenas de su región, acompañó a las viudas de 10 indígenas y un estudiante de la UNAM asesinados por el ejército a exigir justicia y dió a conocer dos casos de tortura sexual del ejército a mujeres indígenas.Sin embargo al ser detenido se le acusó de secuestro, robo y delincuencia organizada
Elementos del Ejército mexicano y Policía Judicial
Derechoa consulta libre, previa e informada, derecho a la integridad del territorio.
 

Ejes y caracteristicas

 

Fuentes

*1. Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

*2.Flores, Nancy. Indígenas Me’phaa rechazan proyecto minero en la Montaña de Guerrero.20/04/2017. Consultado mayo de 2018. Disponible en. http://www.contralinea.com.mx/archivorevista/2017/04/20/indigenas-mephaa-rechazan-proyecto-minero-en-la-montana-de-guerrero/

*3.- Desinformémonos. San Miguel del Progreso: triunfo de pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero contra la minería.12/07/2017. Consultado Mayo 2018. Disponible en. https://desinformemonos.org/san-miguel-del-progreso-triunfo-pueblos-indigenas-la-montana-guerrero-la-mineria/

*4.-Júba Wajiín: Una batalla a cielo abierto en la Montaña de Guerrero por la defensa del territorio y la vida, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlapa de Comonfort, Guerrero. 2016. Dsiponible en https://mx.boell.org/sites/default/files/tlachinollan_web.pdf.

*5.http://almomento.mx/indígenas-me'phaa-de-la-montana-de-guerrero-piden-a-la-scjn-declarar-inconstitucional-la-ley-minera/, 25 de mayo de 2016. Consultado Mayo 2018

*6 http://pacarinadelsur.com/dossier-12/972-la-policia-comunitaria-en-guerrero-luchas-decoloniales-nuevos-desafios-para-la-crac-policia-comunitaria-de-guerrero publicado el 09 de junio de 2014. Consultado mayo 2018.

*7 https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/948 Consultado mayo de 2018